A B C de la Acción de Tutela

La Acción de Tutela es un mecanismo de protección consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y regulado en el Decreto Ley 2591 de 1991, el cuál permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales

Es un mecanismo de protección consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y regulado en el Decreto Ley 2591 de 1991, el cuál permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos establecidos en la ley. Su marco normativo se encuentra de manera general en él.

La Acción de Tutela solo se puede interponer sobre Derechos Fundamentales, los cuales se encuentran descritos de los artículos 11 al 42 de la Constitución Política, en las leyes Estatutarias y los que los Tratados Internacionales que siendo parte del Boque de Constitucionalidad así lo determinen.

Cualquier persona que considere vulnerado o amenazado uno de sus derechos fundamentales puede acudir a la acción de tutela como titular del derecho, en forma directa o a través de un apoderado judicial; así mismo podrá interponerse a través de agentes oficiosos, es decir, otra persona podrá interponer la referida acción en nombre de otro, siempre y cuando el interesado se encuentre en condiciones que imposibiliten su defensa.

La acción de tutela procedes siempre cuando un derecho fundamental ha sido puesto en peligro y se cumplan las siguientes condiciones:

  • Cuando no existe otro mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
  • Cuando existiendo otros mecanismos judiciales estos ya fueron agotados, o no son idóneos o eficaces para garantizar la protección de
  • los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
  • Cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable que afectará a la persona, entiéndase como perjuicio irremediable la amenaza grave e inminente de la violación del derecho fundamental.

La tutela debe radicarse ante las oficinas judiciales de cada ciudad, en donde sin reparo se recepcionará y radicará, y su presentación requerirá la narración de los hechos que la originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado, y la identificación de la autoridad o persona autora de la amenaza o agravio.

La ley ha previsto que el juez constitucional dispone de diez (10) días para proferir el fallo que resuelva de fondo lo solicitado en el escrito de tutela; en el resuelve del fallo el juez puede tutlar o nó los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, y en caso de ser negativo el tutelante dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela podrá presentar un escrito de impugnación que no requiere de formalidades ante el mismo despacho que profirió la decisión, con el cuál pedirá formalmente que la decisión sea revisado por un juez superior para que éste decida si revoca o nó el fallo de tutela, sin embargo, en tanto se resuelve la solicitud, la entidad accionada deberá cumplir lo ordenado por el juez en el fallo inicial, hasta el momento en que el juez de segunda instancia se pronuncie.

Cuando el fallo resultó favorable para el tutelante y aún así no se ha cumplido en forma total o parcial lo ordenado por el juez, la persona puede presentar ante el juez que profirió el fallo un incidente de desacato, indicando las circunstancias que evidencian el incumplimiento. Si el juez evidencia que la entidad accionada no cumplió lo indicado en el fallo, podrá ordenar el arresto hasta por seis (6) meses y la imposición de multa hasta por veinte (20) salarios mínimos mensuales, su objetivo es lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparó para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelante, pero dichas sanciones se diferencian de las penales que pudieran ser impuestas.

Si después de existir un fallo al incidente de desacato la entidad continúa con el incumplimiento el tutelante podrá acudir ante la Personería o la Defensoría del Puebla del lugar donde resida y solicitar que se inicie el trámite de vigilancia especial al cumplimiento del fallo de tutela, escrito al cual se deberá incluir el motivo por el cual persiste el incumplimiento, copia del fallo e incidentes de desacato radicados y los pronunciamientos del juzgado al respecto.

Escríbeme, con gusto redactaré tu Acción de Tutela.